https://hdl.handle.net/20.500.12893/5573 2026-08-24T07:07:09Z https://hdl.handle.net/20.500.12893/17466 El Predominio del Interés de la Víctima y del Principio de Unidad Familiar en el Delito de Agresiones en contra de los Integrantes del Grupo Familiar Suárez Vásquez, Lizbeth Azucena La lucha contra las agresiones a la mujer y al grupo familiar resulta ser uno de los aspectos más urgentes que se abordan desde diferentes ángulos: social, preventivo, familiar, jurídico, etc., pero sin embargo uno de los que concentra mayor atención es precisamente el de la sanción penal, de manera específica aquel aspecto que termina condenando al agresor como la persona que violentó física o psicológicamente a la mujer o los hijos o las personas vulnerables del entorno familiar. Pero en esta lucha en la que se impone y aplica el derecho sancionador penal, la más represivas de todas las normas de derecho público cabe preguntarse si es que la imposición de condenas efectivas se justifica o es que de repente se está terminando de atentar contra los principios de interés de la víctima y el de unidad familiar, y se está minando cualquier forma de contexto familiar en el que se puedan desenvolver las víctimas. El problema radica en cuanto a entender si con el derecho penal que se utiliza para combatir las agresiones, se termina creando muchos más problemas que pueden afectar de manera directa el interés de la víctima e incluso la unidad familiar, dicho de otra manera, no será entonces que por solucionar de raíz una cuestión específica se termina causando mayores dificultades a la víctima. De esto trata el presente trabajo que se ha titulado “PREDOMINIO DEL INTERÉS DE LA VÍCTIMA Y DEL PRINCIPIO DE UNIDAD FAMILIAR EN EL DELITO DE AGRESIONES EN CONTRA DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR”, de tal manera que se aborda el hecho si es que con la expedición de condena contra el agresor, acaso se termina complicando el día a día de la víctima; es decir, si es que realmente se lo libera de las consecuencias de un mal que sin duda empieza con la respuesta agresiva de parte del agente contra las personas cercanas de él. xiv Claro, está que el análisis que se hace es desde el punto de vista jurídico, desde el orden penal, y las propuestas que se postulan son también elaboradas a partir de lo revelado en la actuación judicial.; The fight against attacks on women and the family group turns out to be one of the most urgent aspects that are addressed from different angles: social, preventive, family, legal, etc., but nonetheless, one of the aspects that receives the most attention is precisely that of criminal sanction, specifically that ends up condemning the aggressor as the person who physically or psychologically violated the womwn or children or vulnerable people in the family envionment. But in this fight in which te penal sanctioning law is imposed and applied, the most repressive of all public law norms, it is worth asking if the imposition of effective sentences are justified or is it that suddenly an attack against the principles of interest of the victim and that of family unity, and any form of family context in which victims can develop is being undermined. The problems lies in understanding whether the criminal law used to combat aggression ends up creating many more problems that can directly affect the interest of the victim and even the family unit, in other words, it will not be so by solving a specific issue at its root, you end up causing greater difficulties for the victim. This is wat the present work is about, which has been entitled “Predominance of the interest of the victim and the principle of family unity and the resolution of cases of the crime of assaults against members of the family group”, in such a way that the fact is addressed if is that with the issuance of a sentence the aggressor, perhaps the day-to-day life of the victims is complicated, that is, if he is really freed from the consequences of an evil that undoubtedly begins with an aggressive response on the part of the agent against those close to him. xvi Of course, it is that the analysis that is made is from the legal point of view, from te criminal order, and the proposals that are postulated are also elaborated from what was revealed in the judicial action. 2025-06-24T00:00:00Z https://hdl.handle.net/20.500.12893/17248 El delito de enriquecimiento ilícito, un tipo extremadamente genérico hacia una propuesta de lege ferenda Dávila Zarate, Yovany El objetivo de la investigación es determinar en qué medida el delito de enriquecimiento ilícito (Artículo 401 del Código Penal peruano) podría vulnerar los principios constitucionales de legalidad y presunción de inocencia en el Perú. Siendo los puntos clave: Vulneración al Principio de Legalidad (Lex Certa y Lex Stricta). El tipo penal es calificado como ambiguo, indeterminado y genérico. Elementos normativos como "abusando de su cargo" e "incrementa ilícitamente su patrimonio" no especifican formas ni conductas concretas, lo que abre la puerta a interpretaciones extensivas y arbitrarias por parte de los operadores de justicia; Vulneración a la Presunción de Inocencia e Inversión de la Carga de la Prueba, Constitucionalmente, el Ministerio Público tiene el deber exclusivo de probar la culpabilidad. Sin embargo, la jurisprudencia y la práctica del delito de enriquecimiento ilícito generan una inversión de la carga de la prueba, obligando al investigado a demostrar documentalmente el origen lícito de sus activos bajo una premisa implícita de presunción de culpabilidad; Desconocimiento de la Naturaleza Subsidiaria del Delito, El enriquecimiento ilícito es un delito subsidiario (creado originalmente para evitar vacíos de punibilidad cuando no se puede probar otro delito funcional). En la práctica peruana, la fiscalía suele imputarlo erróneamente de forma conjunta con otros delitos (como cohecho o colusión), utilizándolo como un "salvavidas" o "cajón de sastre" ante las dificultades para probar los delitos principales; Choque con la Realidad e Informalidad Peruana. La tesis destaca que el Perú posee altos índices de informalidad laboral, tributaria y mercantil (especialmente en zonas rurales y agrarias), donde los patrimonios y herencias se transmiten de facto y de forma oral, sin registros documentales. Exigir que un funcionario justifique formalmente bienes legítimos de origen informal xi desnaturaliza el Derecho Penal, utilizándolo erróneamente como un mecanismo de formalización en lugar de control de conductas delictivas. Investigación básica, cualitativa y propositiva, la técnica utilizada fue el análisis documental y el instrumento fueron fichas bibliográfica, de resumen, mixtas y formatos. En conclusión, el ordenamiento jurídico peruano ya cuenta con suficientes tipos penales específicos para sancionar la corrupción pública (colusión, cohecho, peculado, etc.). Mantener este artículo vigente legitima la inactividad fiscal y legaliza la vulneración de derechos fundamentales. Por lo que se propone la derogación del artículo 401 del Código Penal.; The objective of this research is to determine the extent to which the crime of illicit enrichment (Article 401 of the Peruvian Penal Code) could violate the constitutional principles of legality and presumption of innocence in Peru. The key points are: Violation of the Principle of Legality (Lex Certa and Lex Stricta). The criminal offense is described as ambiguous, indeterminate and generic. Normative elements such as “abusing their position” do not specify concrete forms or conduct, which opens the door to broad and arbitrary interpretations by Presumption of innocence and Reversal of the Burden of proof. Constitutionally, the Public Prosecutor’s Office has the exclusive duty to prove guilt. However, the jurisprudence and practice surrounding the crime of illicit enrichment create a reversal of the burden of proof, obligating the accused to provide documentary evidence of the lawful origin of their assets under an implicit presumption of guilt. Ignorance of the Subsidiary nature of the Crime: Illicit enrichment is a subsidiary crime (originally created to avoid gaps in punish ability when another functional crime cannot be proven). In Peruvian practice, the prosecution often erroneously charge it jointly with other crimes (such as bribery or collusion), using is as”lifeline” or “catch-all” when faced with difficulties in proving the primary crimes. Clash with Peruvian Reality and Informality: The thesis highlights that Peru has high rates of informality in labor, taxation and commerce (especially in rural and agricultural areas), where assets and inheritances are transferred de facto and orally, whithout documentary records. Requiring public officials to formally justify legitimates assets of informal origin distors the nature of criminal law, misusing it is a mechanism for formalization rather than for controlling criminal conduct. The basic, qualitative and documentary analysis as its technique, using bibliographic, summary and mixed-method index cards and forms. In conclusion, the Peruvian Legal system already contains sufficient specific criminal offenses to punish public corruption xiii (collusion, bribery, embezzlement, etc). Maintaining this articles in force legitimizes fiscal inaction and legalizes the violation of fundamental rights, resulting in a situation where “the cure is worse than the disease”. Therefore, the repeal of Article 401 the Penal Code is proposed. 2026-05-28T00:00:00Z https://hdl.handle.net/20.500.12893/17224 Determinación de los criterios diferenciadores de las conductas establecidas en el primer y segundo párrafo del artículo 296 del código penal. Criterios para resolver su problemática normativa Paz De La Cruz, Luis Alberto La investigación titulada “Determinación de los criterios diferenciadores de las conductas establecidas en el primer y segundo párrafo del artículo 296 del Código Penal”, tuvo como objetivo general establecer criterios diferenciadores de las conductas consideradas como “actos de tráfico”, que implican posesión de drogas, contenidos en el primer párrafo del artículo 296°, en relación con la conducta de “posesión con fines de tráfico” contenidos en el segundo párrafo del artículo 296° del Código Penal; investigación cualitativa, básica, que se sustentó en la técnica de la entrevista y análisis documental. La población fueron jueces, fiscales y abogados de Lambayeque, y sentencias de tráfico ilícito de drogas que hayan desarrollado el primer y segundo párrafo del artículo 296 del Código Penal emitidas en el año 2023 y 2024, considerándose como muestra a 10 personas, y 5 sentencias. Se obtuvo como resultado que, es necesario determinar los criterios diferenciadores de las conductas establecidas en el primer y segundo párrafo del artículo 296 del Código Penal para mejorar la predictibilidad judicial, eliminar calificaciones e imputaciones inexactas o inadecuadas, reducir las incertidumbres en los operadores de justicia ante la discrepancia en la unificación de criterios, fortalecer la política criminal contra el delito de tráfico ilícito de drogas y proporcionar una mayor seguridad jurídica para los ciudadanos. Se concluye que la posesión para uso ilegal se da en los casos en que la droga tóxica tiene un destino inmediato al consumidor final.; The general objective of the research entitled “Determination of the differentiating criteria of the conducts established in the first and second paragraph of article 296 of the Criminal Code” was to establish differentiating criteria for the conducts considered as “acts of trafficking”, which imply drug possession, contained in the first paragraph of article 296, in relation to the conduct of “possession for the purpose of trafficking” contained in the second paragraph of article 296 of the Criminal Code; qualitative, basic research, which was based on the technique of interview and documentary analysis. The population were judges, prosecutors and lawyers of Lambayeque, and sentences of illicit drug trafficking that have developed the first and second paragraph of article 296 of the Criminal Code issued in the year 2023 and 2024, considering as a sample 10 people and 5 sentences. As a result, it is necessary to determine the differentiating criteria for the conducts established in the first and second paragraphs of article 296 of the Criminal Code in order to improve judicial predictability, eliminate inaccurate or inadequate qualifications and accusations, reduce uncertainty among justice operators in the face of discrepancies in the unification of criteria, strengthen criminal policy against the crime of illicit drug trafficking and provide greater legal security for citizens. It is concluded that possession for illegal use occurs in cases where the toxic drug has an immediate destination to the final consumer. 2026-06-11T00:00:00Z https://hdl.handle.net/20.500.12893/17140 La efectividad del derecho en la prevención y erradicación del delito de violación sexual contra niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo peruano Guevara Manayay, Anthony Jairo El presente estudio, tuvo como propósito analizar la efectividad del derecho en la prevención y erradicación del delito de violación sexual contra niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo peruano, problemática que persiste pese a la existencia de un marco normativo orientado a su sanción y control, asimismo evidenciando limitaciones en su aplicación efectiva. En ese sentido, el objetivo general fue determinar el grado de efectividad del derecho frente a este fenómeno en el contexto educativo nacional, por ende, se desarrolló bajo un enfoque cualitativo con un diseño documental hermeneútico, asimismo basado en la revisión de informes del sistema SISEVE (20224-20225), como también reportes institucionales. Para ello la población estuvo conformada por documentos oficiales y la muestra por reportes de casos de violencia sexual escolar registrados en dicha plataforma, por ende, utilizando fichas de análisis documental como instrumento de recolección, lo cual permitió una interpretación cirtica del fenómeno desde una perspectiva jurídica y social. Dando como resultados, se evidencio que, durante el año 2024, se registraron mas de 4 600 denuncias de violencia sexual en instituciones educativas, por lo cual revela una persistente incidencia delictiva pese a la existencia de un marco legal sólido. Además, se identificó una limitada supervisión estatal, la falta de personal especializado, la débil coordinación interinstitucional y aplicación irregular de los protocolos preventivos, lo que afecta directamente la capacidad de respuesta del sistema educativo. Finalmente, se concluyó que el derecho presenta una efectividad parcial, asimismo su potencial preventivo y protector se ve restringido por deficiencias operativas en el sistema educativo, por consiguiente, lo que impide asegurar entornos escolares libres de violencia sexual y por último una tutela efectiva para los menores.; This study aimed to analyze the effectiveness of the law in preventing and eradicating the crime of sexual violence against children and adolescents in the Peruvian education system, a problem that persists despite the existence of a legal framework oriented towards its punishment and control, while also revealing limitations in its effective application. In this sense, the general objective was to determine the degree of effectiveness of the law in addressing this phenomenon within the national educational context. Therefore, a qualitative approach with a hermeneutic documentary design was developed, based on a review of reports from the SISEVE system (2024-2025), as well as institutional reports. The population consisted of official documents, and the sample comprised reports of cases of school sexual violence registered on this platform. Documentary analysis forms were used as the data collection instrument, allowing for a critical interpretation of the phenomenon from a legal and social perspective. The results showed that, during 2024, more than 4,600 reports of sexual violence in educational institutions were registered, revealing a persistent incidence of this crime despite the existence of a solid legal framework. Furthermore, limited state oversight, a lack of specialized personnel, weak inter-institutional coordination, and inconsistent application of preventive protocols were identified, directly affecting the educational system's capacity to respond. Finally, it was concluded that the law is only partially effective, and its preventive and protective potential is restricted by operational deficiencies in the educational system, consequently hindering the guarantee of school environments free from sexual violence and, ultimately, effective protection for minors. 2026-01-08T00:00:00Z