https://hdl.handle.net/20.500.12893/5575 2026-07-08T22:32:17Z https://hdl.handle.net/20.500.12893/17247 Motivación y Razonabilidad de las Resoluciones Judiciales Penales Leonardo Carrillo, Elmer El trabajo de investigación se ha titulado “Motivación y razonabilidad de las resoluciones judiciales penales” al advertirse que en la judicatura se emiten resoluciones que no aplican los principios constitucionales adecuadamente, la investigación tiene por finalidad determinar la necesidad que los jueces de Chiclayo en sus resoluciones judiciales cumplan con la motivación suficiente y también debe ser razonable en aplicación del derecho. El objeto es establecer líneas concretas porque los juece no aplican correctamente la motivación y razonabilidad en sus resoluciones judiciales, para ello se propone modificar el artículo I del título preliminar del nuevo código procesal penal, esto permitirá mejorar en la administración de justicia y por tanto disminuir arbitrariedad en las decisiones judiciales. De los resultados realizados en el análisis de resolución judiciales penales y encuesta a magistrados de Chiclayo se tiene que la formula legislativa propuesta permitirá mejorar la calidad de resoluciones pues realizaran una buena argumentación donde se justifique hecho y derecho.; The research work has been titled "Motivation and reasonableness of judicial resolutions" as it was noted that in the judiciary resolutions are issued that do not apply constitutional principles adequately, the purpose of the research is to determine the need for the judges of Chiclayo in their judicial resolutions to comply with sufficient motivation and must also be reasonable in application of the law. The object is to establish specific lines because judges do not correctly apply motivation and reasonableness in their judicial resolutions, for this purpose it is proposed to modify article I of the preliminary title of the new criminal procedure code, this will improve the administration of justice and therefore reduce arbitrariness in judicial decisions. From the results carried out in the analysis of criminal judicial resolutions and a survey of Chiclayo magistrates, it is clear that the proposed legislative formula will improve the quality of resolutions since they will make a good argument where fact and law are justified. 2026-04-23T00:00:00Z https://hdl.handle.net/20.500.12893/17173 Interpretación del Tribunal Constitucional y la Teoría de la Interpretación Constitucional Cordova Monteza, Ernesto Yuri El presente trabajo aborda de forma crítica dos grandes temáticas sobre las cuales parece existir consenso en la dogmática constitucional estándar: el rol de los altos tribunales como los «máximos intérpretes» de la Constitución y las técnicas jurídicas de la interpretación o argumentación constitucional. Ambos temas suelen ser tratados como autoevidentes por la dogmática constitucional estándar. En la que, comúnmente se presenta a la teoría de la interpretación constitucional como una cuestión de carácter jurídico y que, por ende, debe ser desarrollado privilegiadamente por los jueces constitucionales, que serían aquellos órganos jurídicamente especializados, teniendo entre ellos un único tribunal que actuaría como el supremo intérprete de la Constitución. Sin embargo, estos postulados que se suelen presentar como técnicos o evidentes, en realidad esconden una petición de principio: si se entiende a la interpretación de la Constitución como un asunto jurídicamente especializado la conclusión necesaria es que sean los tribunales los llamados a ser los intérpretes supremos de la Constitución, pero ¿por qué ha de entenderse de este modo? ¿cuál es el debate previo a cómo entendemos la interpretación constitucional?; This work critically addresses the two major issues on which there seems to be consensus in standard constitutional dogmas: the role of high courts as the "highest interpreters" of the Constitution and the legal techniques of constitutional interpretation or argumentation. Both issues are often treated as self-evident by standard constitutional dogmas. In which, the theory of constitutional interpretation is commonly presented as a matter of a legal nature and that, therefore, must be developed with privilege by constitutional judges, which would be those legally specialized bodies, having among them a single court that would act as the supreme interpreter of the Constitution. However, these postulates, which are usually presented as technical or obvious, actually hide a begging of the question: if the interpretation of the Constitution is understood as a legally specialized matter, the necessary conclusion is that the courts are called upon to be the interpreters. of the Constitution, but why should it be understood in this way? What is the debate prior to how we understand constitutional interpretation? 2024-12-11T00:00:00Z https://hdl.handle.net/20.500.12893/17164 La relevancia probatoria del Informe de OEFA como prueba preconstituida para acreditar el daño ambiental en el Proceso de Amparo. Falen Barrera, Ana María Esta investigación tuvo como objetivo general determinar si resulta necesario que el informe del Organismo de Fiscalización ambiental sea utilizado como prueba preconstituida para acreditar el daño ambiental en el proceso de amparo. El diseño metodológico fue una investigación de tipo básica, enfoque cualitativo, técnicas fichaje, revisión documental y entrevista. La población fueron 151 Magistrados en actividad jurisdiccional y la jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional, la muestra fueron 10 magistrados que conocen procesos de amparo y las STC Expediente N°04216-2008- PA/TC; STC Expediente N°00316-2011-PA/TC; STC Expediente N°4223-2006-PA/TC; STC Expediente N°01272-2015-PA/TC; STC Expediente N°1206-2005-PA/TC; y, STC Expediente N°03610-2008-AA/TC. De los resultados se advierte Los resultados de la investigación fuero que en el amparo ambiental el juez tiene la posibilidad de realizar actividad probatoria. El inconveniente se presenta pues al tiempo que el juez determine la nueva actividad probatoria, el daño puede haberse incrementado o en su defecto haberse dispersado, y por el paso del tiempo, no puede evidenciarse la relación de causalidad entre el agente y el menoscabo al medio ambiente. Se concluye que es necesario que el informe del Organismo de Fiscalización ambiental sea utilizado como prueba preconstituida para acreditar el daño ambiental en el proceso de amparo. Se comprobó la hipótesis de que se debe proponer una modificación normativa al artículo 13 del Nuevo Código Procesal Constitucional que incorpore al informe de daño ambiental del OEFA como prueba preconstituida en el proceso de amparo para garantizar el cese de daños al ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida.; The overall objective of this research was to determine whether it is necessary for the report of the Environmental Oversight Agency to be used as pre-established evidence to prove environmental damage in the amparo process. The methodological design was a basic research study with a qualitative approach, using data collection techniques, document review, and interviews. The population consisted of 151 judges in active service and the relevant case law of the Constitutional Court. The sample consisted of 10 judges who hear amparo proceedings and Constitutional Court rulings File No. 04216- 2008-PA/TC; Constitutional Court File No. 00316-2011-PA/TC; STC File No. 4223- 2006-PA/TC; STC File No. 01272-2015-PA/TC; STC File No. 1206-2005-PA/TC; and STC File No. 03610-2008-AA/TC. The results show that in environmental protection cases, the judge has the possibility of conducting evidentiary proceedings. The problem arises because by the time the judge determines the new evidentiary activity, the damage may have increased or, failing that, dispersed, and due to the passage of time, the causal relationship between the agent and the damage to the environment cannot be proven. It is concluded that the report of the Environmental Oversight Agency must be used as pre- established evidence to prove environmental damage in the amparo process. The hypothesis that a regulatory amendment to Article 13 of the New Constitutional Procedural Code that incorporates the OEFA's environmental damage report as pre- established evidence in the amparo process to ensure the cessation of damage to the environment that is balanced and suitable for the development of life. 2026-05-14T00:00:00Z https://hdl.handle.net/20.500.12893/16943 Fundamentos jurídicos para el tránsito del modelo ecléctico al modelo como colaborador en el proceso de colaboración eficaz: Lambayeque 2021-2022 Perez Diaz, Eli El ius puniendi del Estado, es ejecutado por el derecho penal. La doctrina ha introducido conceptos como el de Derecho Penal del ciudadano. Tendencia que considera a los crímenes cometidos por individuos como una respuesta espontánea a las normas sociales y, por lo tanto, como un error legal corregible. En contraposición a ello, el Derecho Penal del Enemigo, rechaza las regulaciones del sistema legal de un estado y busca desmantelar el orden existente. Debido a esta lógica, surge la legislación penal de emergencia, como el derecho penal de recompensa, marco legal que incentiva conductas que ayudan a reducir los costos y esfuerzos involucrados en una investigación criminal, otorgando beneficios de reducción de penas e inmunidad. Para combatir el crimen organizado, se ha implementado una política criminal, de cooperación exitosa. Este procedimiento implica suministrar información veraz sobre organizaciones delictivas, estructura organizacional, modus operandi, planes, y miembros. Según la doctrina, este proceso particular abarca tres modelos: el modelo testigo, el modelo colaborador y el modelo mixto. Dónde el colaborador se presenta en el juicio oral como testigo y debe declarar para recibir inmunidad, bajo la condición de testigo protegido. En el segundo escenario, el Colaborador no está obligado a testificar ante el tribunal ni a recibir protección. En nuestra legislación tenemos un modelo mixto donde el Colaborador asiste en la búsqueda de pruebas y obligado a declarar durante el juicio oral. El modelo mixto está ahora bajo crítica debido a la necesidad del colaborador efectivo de renunciar a su amparo y declarar contra sus exparejas en un juicio oral. Esto viola sus derechos básicos, como es evidente en este caso particular. El derecho del individuo a la vida, la integridad física y mental, el crecimiento personal y el bienestar está en riesgo debido a posibles acciones de represalia en su contra. xvi Nuestra propuesta es que la normativa nacional reconozca al modelo como colaborador en el procedimiento especial de colaboración eficaz. Debido a que el modelo no revela su identidad durante el juicio oral, lo que elimina la necesidad de incluirlos en un programa de protección de testigos de por vida. Como resultado, su vida y otros derechos fundamentales no estarán en riesgo.; The ius puniendi off the State is executed by criminal law. The doctrine has introduced concepts such as the criminal law of the citizen. This tendency considers crimes committed by individuals as a spontaneous response to social norms and, therefore, as a correctable legal error. In contrast, the Criminal Law of the Enemy rejects the regulations of the legal system of a state and seeks to dismantle the existing order. Due to this logic, emergency criminal legislation arises, such as the criminal law of rewards, a legal framework that encourages behaviors that help reduce the costs and efforts involved in a criminal investigation, granting benefits of reduced penalties and immunity. To combat organized crimen, a criminal policy of successful cooperation has been implemented. This procedure involves providing truthful information about criminal organizations, organizational structure, modus operandi, plans, and members. According to doctrine, this particular process encompasses three models: the witness model, the collaborator model and the mixed model. Where the collaborator appears at the oral trial as a witness and must testify in order to receive immunity, under the condition of protected witness. In the second scenario, the collaborator is not obliged to testify in court or receive protection. In our legislation we have a mixed model where the Collaborator assists in the search for evidence and is obliged to testify during the oral trial. The mixed model is now under criticism because of the need for the effective collaborator to waive his or her protection and testify against his or her ex-partners in an oral trial. This violates their basic rights, as is evident in this particular case. The individual's right to life, physical and mental integrity, personal growth and well- being is at risk due to possible retaliatory actions against him. Our proposal is that the national regulations recognize the model as a collaborator in the special procedure of effective collaboration. Because the model does not reveal their identity during the oral trial, which eliminates the need to include them xviii in a lifetime witness protection program. As a result, their life and other fundamental rights will not be at risk. 2024-12-17T00:00:00Z