Efectividad de la figura jurídica de enriquecimiento ilícito en la protección del Bien Jurídico en la Administración Pública 2012 – 2018

Abstract

La presente investigación sistematiza de manera explicativa causal la influencia de la eficacia de la figura jurídica de enriquecimiento ilícito en la protección del bien jurídico de la administración pública y la tutela del actuar con honradez, considerando que una norma es eficiente cuando sanciona el ilícito, es correctiva de los problemas que atenta a la sociedad y permite la convivencia pacífica; para ello se ha correlacionado las variables de la hipótesis la figura jurídica de enriquecimiento ilícito aún no es efectiva porque carece de formulación técnica para la protección del bien jurídico de la administración pública que se incrementa en casos expuestos durante los años 2010 al 2018. Los resultados obtenidos es producto de la metodología de la investigación sustantiva básica explicativa que permite fundamentar que la figura jurídica de enriquecimiento ilícito, la tipificación de la conducta objetiva y subjetiva ilícita, la especificación del delito penal, los indicios de enriquecimiento ilícito, los efectos en las políticas de Estado, las prácticas delictivas de enriquecimiento ilícito son los indicadores básicos para evaluar la eficacia y frecuencia del delito de enriquecimiento ilícito, así como la protección del bien jurídico y del buen actuar en base a los principios, prohibiciones éticas, funciones y deberes de los funcionarios públicos. Producto de la operacionalización de las variables, el manejo de los instrumentos, métodos y procedimientos del tipo de investigación explicativa, los resultados de la investigación se sintetiza en la conclusión que El 69% de los operadores de la justicia y la doctrina nacional considera que la falta de formulación técnica expresado en la especificación clara y precisa de la tipificación y conducta que describe el delito de enriquecimiento ilícito estipulado en el Artículo 401 del Código Penal sea subsidiario de otros delitos cometidos contra la efectiva protección del bien jurídico de la administración pública y la tutela del actuar con honradez; así lo demuestra los casos de 809 denuncias en el año 2010 a 21460 casos entre los años 2011 al 2017; de los cuales el 58% tienen sentencias definitivas; 31% de sentencias definitivas con pena privativa de la libertad suspendida y el 11% con pena efectiva y en el año 2018 Perú ocupa el puesto 105 de 180 países según observatorio internacional Índice de Percepción de la Corrupción (IPC).