La terminación consensuada del proceso penal común y su incorporación en la etapa intermedia o previa al juicio oral

Abstract

El reformado Código Procesal Penal, que reestructura el enjuiciamiento penal peruano, está orientado a conseguir una justicia penal transparente, pero, sobre todo, rápida y efectiva, por esta razón, el nuevo esquema procesal en el que el juicio oral es de carácter excepcional, garantiza, en cada etapa o fase del proceso, una solución consensuada del conflicto penal, como una manifestación actual de la justicia penal por negociación previa. Precisamente, la terminación consensuada y anticipada del proceso penal, es uno de los mecanismos que se han implementado con el propósito de evitar el traslado innecesario a la fase de juzgamiento (fase estelar). Su aplicación, según el CPP, solo hasta antes de formularse por escrito acusación fiscal, evidenciaría serias inconsistencias con las razones políticos criminales por las que se decidió incorporarlo al sistema penal de justicia. La celebración de la terminación anticipada, sobre la base del consenso entre las partes, genera beneficios para el imputado, al definirse anticipadamente el caso penal; para el Estado, puesto que, al reducirse el tiempo de duración del proceso penal, se reducirán los gastos que implica cada procesamiento; para el agraviado, al resarcirse el daño ocasionado de forma oportuna y en etapas previas. En ese contexto, la aplicación o procedencia de la terminación anticipada, inclusive en la etapa intermedia, también permitirá simplificar el proceso penal y descongestionar la elevada carga procesal, sobre todo si lo que se busca es continuar con la operatividad de la reforma de la justicia penal, sin que ello signifique desnaturalizar el proceso penal, ni vulnerar garantías procesales. De esa manera, desde nuestro punto de vista político criminal, consideramos que, una modificatoria legislativa que tenga por objeto implementar la aplicación de la terminación consensuada y anticipada del proceso penal en la etapa previa al juicio oral, implicaría no solo un cambio normativo, sino también, una verdadera reforma del sistema penal de justicia y la forma de abordar la gestión procesal bajo nuevas orientaciones con enfoque de eficiencia y celeridad.