La vulneración del derecho de defensa en las investigaciones iniciadas contra el falso desconocido, en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque – Período 2020 – 2021

Abstract

Esta indagación académica surge de la observancia del fenómeno que existe en la realidad dentro de la práctica de las actividades de investigación fiscal iniciales, diligencias preliminares o investigación preparatoria, donde la instrucción se dirige contra “los que resulten responsables” a fin de poder efectuar diligencias de investigación contra presuntos “testigos”, contra los cuales posteriormente se abrirá investigación preparatoria o formulará acusación, cuando de la práctica se puede ver que la noticia criminal, informe especial o denuncia con la que se tomó conocimiento del hecho delictivo, se puede extraer claramente una individualización concreta del o los potenciales inculpados, evidenciando una vulneración a determinados derechos como el debido proceso, a la defensa y tutela de derechos. Para entrar en análisis y posterior discusión, se ha tenido a bien hacer una recopilación de información documental, doctrinal, bibliográfico que permita ilustrar respecto de la materia en observación y poder llegar a determinadas conclusiones, corroborando el planteamiento de la hipótesis, concluyendo que esta práctica muchas veces disfrazada como estrategia por parte del persecutor, sí genera una afectación a distintos derechos dentro de la pre etapa de diligencias preliminares, desconociendo derechos constitucionales amparados por la ley suprema a favor de los inculpados. Al respecto, se concluye que es necesaria un nuevo planteamiento o restructuración de lo señalado en el artículo 166 del Nuevo Código Procesal Penal, respecto al contenido de la declaración, debido a que, este dispositivo al contener pautas que debe tener la declaración de una persona citada como testigo, se ha convertido en una herramienta procesal orientada a obtener respuestas de manera ilegal que busca encontrar la responsabilidad penal de una persona mediante su declaración como testigo, a pesar que el Ministerio Público, por criterios de la razón y la lógica, conoce que es altamente probable que esta persona será posteriormente investigada.