Regulación normativa del recurso de queja por denegatoria de elevación de actuados al Fiscal Superior

Abstract

En la presente tesis, se analiza 12 disposiciones fiscales emitidas entre los años 2019 a 2023 por las Fiscalías Superiores Penales de Cajamarca (Disposición N° 09-2021-MP- PFSP-CAJ, la Disposición N° 157-2021-MP-PFSP-CAJ, la Disposición N° 06-2022-MP- PFSP-CAJ, la Disposición N° 05-2022-MP-PFSP-CAJ, la Disposición Superior N° 284- 2021-MP-2FSPC, la Disposición Superior N° 38-2022-MP-2FSPC, la Disposición Superior N° 184-2022-MP-2FSPC, la Disposición Superior N° 338-2023-MP-2FSPC, Disposición Superior N° 375-2022-MP-TFSP-DF.CAJ de fecha 22 de noviembre de 2022, Disposición Superior N° 400-2022-MP-TFSP-DF.CAJ de fecha 21 de diciembre de 2022, Disposición Superior N° 223-2023-MP-TFSP-DF.CAJ de fecha 12 de julio de 2023 y Disposición Superior N° 356-2023-MP-TFSP-DF.CAJ de fecha 28 de noviembre de 2023); a través de las cuales se emite pronunciamiento sobre el recurso de queja contra la disposición fiscal que declaró improcedente la elevación de actuados; es decir, cuando el fiscal provincial declara la improcedencia de elevar los actuados a su superior, en el Distrito Fiscal de Cajamarca, el abogado de la parte agraviada en la práctica se encuentra utilizando el recurso de queja como medio de impugnación contra la disposición fiscal denegatoria, la misma que es acogida por Fiscal Superior, quien se pronuncia sobre su procedencia o no, analizando los motivos de la disposición denegatoria y los fundamentos del medio impugnatorio interpuesto. No obstante, encontramos que dicha práctica hace entrar en colisión al principio de legalidad con el principio de doble instancia; por esta razón, este trabajo tiene relevancia jurídica pues nos permite desarrollar la necesidad de regular taxativamente en nuestro Código Procesal Penal, la procedencia del recurso de queja contra la disposición que deniega la elevación de actuados, maximizando el principio de doble instancia; y, al mismo tiempo evitando, que ello implique la contravención de derechos para el investigado.