La responsabilidad del Estado garante por las muertes de las víctimas con medidas de protección
Fecha
2024-11-07Autor
Flores Mundaca, Carolina Sinndeney
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Mostrar el registro completo del ítemResumen
En el trabajo presentado, he analizado de manera detallada la responsabilidad del Estado en
su papel de garantía por los delitos de abuso o violencia doméstica contra mujeres que fueron
asesinadas por sus agresores, a pesar de haber sido protegidas por el Poder Judicial y que
nunca se llevaron a cabo. Además, con el objetivo de resaltar lo mencionado anteriormente,
se ha proporcionado un análisis detallado sobre las medidas mencionadas, incluyendo su
definición, quién las lleva a cabo, quién las supervisa, sus características, etc. Si bien, el
Estado intenta cubrir todas las falencias de manera legal, pero prácticamente no lo hace de
acuerdo con la ley 30364, lo que resulta ineficaz. Además, es importante destacar que existen
tres encargados del Estado, a saber, el Ministerio Público quien solicita las responsabilidades
a nombre de la usuaria, el Poder Judicial quien las otorga y la PNP quien las ejecuta. Estas
tres entidades representan al Estado y, por lo tanto, son responsables de las muertes di dichas
víctimas. Además, establecemos el deber jurídico evidente del Estado en su capacidad para
implementar las medidas respectivas para salvar y proteger a la agraviada o víctima, lo que
lo convierte automáticamente en garante si aplicamos la misma teoría de la omisión
impropia. In the current investigation, the responsibility of the State in its role as guarantee for
crimes of domestic violence against women who were murdered by their attackers has been
analyzed in detail, despite having been notified by the Judiciary and that they were never
taken away. just. Furthermore, in order to highlight the above, a detailed analysis of the
aforementioned measures has been provided, including their definition, who carries them
out, who supervises them, their characteristics, etc. The State tries to cover all the
shortcomings legally, but practically does not do so in accordance with Law 30364, which
is ineffective. Furthermore, it is important to highlight that there are three people in charge
of the State, namely, the Public Ministry who requests the responsibilities on behalf of the
user, the Judicial Branch who grants them, and the PNP who executes them. These three
entities represent the State and, therefore, are responsible for the aforementioned deaths.
Furthermore, we establish the obvious legal duty of the State in its ability to implement such
measures to save and protect the victim, which automatically makes it a guarantee if we
apply the same theory of improper omission.
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