El modelo de investigación preliminar de la Ley N°32130 y el rol funcional del Ministerio Público y de la Policía Nacional

Abstract

El presente estudio tuvo como objetivo analizar el impacto de la aplicación de la Ley N°32130 en los roles funcionales del Ministerio Público y de la Policía Nacional en la investigación preliminar del delito. La investigación es de tipo básica, con un diseño no experimental, transversal, nivel descriptivo y enfoque cuantitativo, la población estuvo conformada por 50 profesionales entre abogados especialistas en derecho penal, jueces y fiscales, y la recolección de datos se realizó mediante encuestas. Los resultados indican que un alto porcentaje de encuestados considera que la Ley N°32130 ha generado conflictos en la delimitación de competencias entre ambas instituciones, afectando la coordinación, la eficiencia y la efectividad de la investigación preliminar. Se identificaron debilidades en la falta de coordinación interinstitucional y en la capacitación técnica y jurídica del personal policial en materia de derechos fundamentales y procedimientos legales, asimismo existe una latente preocupación sobre la imparcialidad y legalidad en la recolección de pruebas. En conclusión, la implementación de la Ley N°32130 en nuestro ordenamiento jurídico ha generado percepciones críticas sobre su eficacia, lo que sugiere la necesidad de reformas normativas que contribuyan al fortalecimiento funcional e institucional del Ministerio Público y de la Policía Nacional en aras de un sistema de administración de justicia eficaz y fiable, mas no que se genere un clima de conflictividad funcional entre ambas instituciones.

The present study aimed to analyze the impact of the implementation of Law No. 32130 on the functional roles of the Public Prosecutor's Office and the National

Police in the preliminary investigation of crimes. The research was basic, with a non- experimental, cross-sectional design, descriptive level, and quantitative approach.

The population consisted of 50 professionals, including attorneys specializing in criminal law, judges, and prosecutors, and data collection was conducted through surveys. The results indicate that a high percentage of respondents believe that Law No. 32130 has generated conflicts in the delimitation of jurisdictions between both institutions, affecting the coordination, efficiency, and effectiveness of the preliminary investigation. Weaknesses were identified in the lack of inter-institutional coordination and in the technical and legal training of police personnel in matters of fundamental rights and legal procedures. There is also a latent concern regarding the impartiality and legality of evidence collection. In conclusion, the implementation of Law No. 32130 in our legal system has generated critical perceptions about its effectiveness, which suggests the need for regulatory reforms that contribute to the functional and institutional strengthening of the Public Prosecutor's Office and the National Police for the sake of an effective and reliable justice administration system, but not to generate a climate of functional conflict between both institutions.