El reconocimiento judicial de derechos laborales previamente establecidos en la Ley 31495 y la sobre carga del sistema de justicia laboral

Abstract

Siendo el título de la investigación “El reconocimiento judicial de derechos laborales previamente establecidos en la Ley 31495 y la sobre carga del sistema de justicia laboral”, se ha desarrollado aplicando el método lógico y analítico para establecer como resultado que el reconocimiento judicial de derechos laborales busca la garantía digna y justa para los trabajadores basado en los principios del derecho constitucional. Judicialmente ello se vincula con la condición excesiva de la carga procesal del sistema de justicia que se produce por la judicialización de aquellos casos de reconocimiento de un derecho ya establecido de manera previa, específicamente las bonificaciones del 30% por preparación de clases y del 5%, que es una práctica judicial reiterada que en la Sala Descentralizada Mixta de Jaén, así se han evidenciando fallas administrativas en el reconocimiento oportuno de beneficios por tiempo excesivo de los procesos; ello denota problemas estructurales del sistema de justicia, que requiere de modificaciones a nivel administrativo para su atención en tal sede y evitar su discusión innecesaria en el ámbito judicial.

The research, titled "Judicial Recognition of Labor Rights Previously Established in Law 31495 and the Overburden of the Labor Justice System," was developed by applying a logical and analytical method to establish that judicial recognition of labor rights seeks a fair and just guarantee for workers based on the principles of constitutional law. Judicially, this is linked to the excessive burden of the justice system's procedural burden resulting from the judicialization of cases that recognize a previously established right, specifically the 30% bonus for class preparation and the 5% bonus, which is a repeated judicial practice in the Decentralized Mixed Chamber of Jaén. Administrative failures in the timely recognition of benefits due to excessive procedural time have been evident. This denotes structural problems in the justice system, which require administrative modifications to address these issues and avoid unnecessary judicial discussion.