Archivamiento de procesos penales por carencia de elementos de convicción en delitos de extorsión aplicado desde el penal ex Picsi: 2022 y 2023

Abstract

El estudio tuvo como objetivo determinar los factores que condujeron al archivamiento de procesos penales por falta de elementos de convicción en delitos de extorsión desde el penal Ex Picsi durante los años 2022 y 2023. La metodología fue vista desde un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental y transversal, utilizando análisis documental y fichas de recolección de datos. La muestra estuvo conformada por 30 carpetas fiscales archivadas en dicho periodo. Los resultados revelaron que el 83.3% de los casos se archivaron por insuficiencia probatoria, el 66.7% evidenciaron corrupción o negligencia del personal del INPE, y más del 70% presentaron diligencias incompletas, además de un control deficiente en el ingreso de objetos prohibidos y limitaciones de recursos. En conclusión, el archivamiento responde a una combinación de deficiencias investigativas, corrupción penitenciaria y carencias institucionales, lo que confirma la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, mejorar la capacitación de fiscales y personal penitenciario, e implementar reformas normativas que garanticen investigaciones más sólidas y efectivas.

The study aimed to determine the factors that led to the dismissal of criminal proceedings due to lack of evidence in extortion cases from the Ex Picsi prison during 2022 and 2023. The methodology was quantitative, with a non-experimental and cross-sectional design, using documentary analysis and data collection forms. The sample consisted of 30 prosecution files archived during that period. The results revealed that 83.3% of the cases were dismissed due to insufficient evidence, 66.7% showed evidence of corruption or negligence on the part of INPE staff, and more than 70% had incomplete proceedings, in addition to poor control over the entry of prohibited items and resource constraints. In conclusion, the shelving of cases is due to a combination of investigative deficiencies, prison corruption, and institutional shortcomings, confirming the need to strengthen control mechanisms, improve the training of prosecutors and prison staff, and implement regulatory reforms to ensure more robust and effective investigations.