El debido proceso en comisiones de investigación en sede parlamentaria

Abstract

El Debido Proceso es un manto jurídico protector, tejido con fuertes hilos, con el que están tejidos los Derechos Fundamentales. Este tejido que es erga omnes, nos permite afirmar con exactitud que su solidificación nos conlleva al ejercicio justo de los procesos de cualquier índole, inyectando equidad, justicia y seguridad en la toma de decisiones. Nada queda al libre arbitrio, todo tiene un camino que seguir. La política nacional no se encuentra exenta, cuando accede al poder, del manejo arbitrario y abusivo de los procesos que en su seno se dan. En este caso se transitará por la senda de las reclamaciones efectuadas por altos funcionarios que gobernaron o gobiernan el país, y que, al iniciarse procesos de investigación contra ellos, demandaron en la vía judicial determinadas infracciones en las que sus investigadores incurrían, afectándolos en el ejercicio de su derecho al Debido Proceso. El caso del expresidente Alan Gabriel Ludwig García Pérez es relevante, ya que es quien adujo la infracción de varios derechos por parte de la llamada Megacomisión, Comisión Investigadora que tuvo el encargo del Pleno de efectuar las investigaciones, en sede parlamentaria. Por ello resulta necesario establecer si el articulado pertinente del Reglamento del Congreso, así como de los Reglamentos Internos de las Comisiones, se encuentran redactados de tal manera que identifiquen las infracciones que se demandan. Con ello se establecería que, si se afecta a un investigado el derecho al Debido Proceso, se afectará, de la misma manera, a los demás. Por ello es necesario que se investigue: la certeza de infracciones al demandante, el alcance de las decisiones judiciales sobre este tema, y cuál sería una posible solución a dicho problema. La presente investigación se centra en establecer si las Comisiones de Investigación,

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durante el periodo 2011-2016, cumplieron con respectar el Debido Proceso en sus investigaciones, fundamentalmente, en el caso García Pérez.

Due process is a protective legal framework, woven with strong threads, from which fundamental rights are interwoven. This framework, which applies to everyone, allows us to affirm with certainty that its solidification leads to the fair exercise of processes of any kind, instilling equity, justice, and security in decision-making. Nothing is left to chance; everything has a course of action. National politics, once in power, is not exempt from the arbitrary and abusive manipulation of internal processes. In this case, we will examine the claims made by high-ranking officials who governed or currently govern the country. When investigations were initiated against them, they filed lawsuits alleging violations committed by their investigators, which they claimed infringed upon their right to due process. The case of former President Alan Gabriel Ludwig Garcia Pérez is particularly relevant, as he alleged violations of several rights by the so-called Megacommission, the investigative commission tasked by the full Congress with conducting the investigations within the parliamentary building. Therefore, it is necessary to determine whether the relevant articles of the Congressional Regulations, as well as the Internal Regulations of the Committees, are worded in such a way as to identify the alleged violations. This would establish that if the right to due process of one person under investigation is violated, the rights of others will be similarly affected. Therefore, it is necessary to investigate: the certainty of violations against the plaintiff, the scope of judicial decisions on this matter, and what a possible solution to this problem might be. This investigation focuses on determining whether the Investigative Committees, during the period 2011-2016, complied with due process in their investigations, particularly in the García Pérez case.