La inaplicación de la solicitud de oficio y la proporcionalidad de los alimentos, Juzgado de Paz Letrado Mixto de Íllimo, 2023

Abstract

La presente investigación se realiza desde un enfoque cualitativo empleando la observación y el análisis como técnicas de investigación sobre la muestra constituida por diez sentencias en materia de alimentos tramitadas en el Juzgado de Paz Letrado de Íllimo durante el año 2023. El objetivo de esta tesis es determinar si es afectada la proporcionalidad en la determinación de la pensión alimenticia ante la inaplicación de la solicitud de oficio para acceder a información sobre los ingresos económicos del obligado en la práctica judicial. Según los resultados recabados en esta tesis, se concluye que la omisión del ejercicio oficioso sumado a la escasez probatoria de parte, limita al juez a determinar de manera proporcional y justa la pensión de alimentos en virtud al principio del interés superior del niño. Evidenciándose que esta herramienta de impulso procesal necesita una reforma normativa respecto a su naturaleza jurídica debiendo ser exigible ante situaciones en las que se presenta la insuficiencia probatoria con la finalidad de garantizar resoluciones fundadas y proporcionales manteniendo un equilibro entre las necesidades económicas del menor alimentista y la real capacidad económica del obligado.

This thesis is developed using a qualitative approach, employing observation and documentary analysis as research techniques, applied to ten alimony rulings processed by the Magistrate's Court of Íllimo during the year 2023. The objective is to determine the impact of proportionality in the determination of alimony in the absence of the ex officio request for access to information on the income of the obligated party in judicial practice. The results show that the omission of ex officio proceedings, combined with the lack of evidence from the parties, restricts the judge's ability to establish fair and proportional alimony, in accordance with the principle of the best interests of the child. It is concluded that the legal concept of ex officio procedural action needs regulatory reform to clarify its legal nature, making it enforceable in cases of insufficient evidence, in order to guarantee well-founded and proportional decisions that harmonize the economic needs of the child receiving support with the actual economic capacity of the obligated party.