El debido proceso en los delitos contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, interpretación doctrinal- jurisprudencial

Abstract

Esta tesis que lleva por título: “El debido proceso en los delitos contra

las mujeres y los integrantes del grupo familiar, interpretación doctrinal- jurisprudencial”, se logró reconocer que los conceptos de ratio decidendi y

obiter dicta son dogmáticamente esenciales y prácticos para garantizar la vigencia del debido proceso en la jurisprudencia peruana; cuya diferenciación fortalece la calidad de las decisiones judiciales, la coherencia jurisprudencial y la protección real del debido proceso. Se reconoció que el Tribunal Constitucional del Perú ha aportado con la prioridad a la protección inmediata y urgencia sobre la estricta observancia de las garantías procesales, requiriéndose gestión judicial eficiente para evitar desequilibrio entre víctimas e imputados, logrando procesos justos, transparentes y respetuosos de los derechos humanos. La interpretación casuística denota que existen tensiones aun no solucionadas pese al amplio discurso de protección de género, se verifica esfuerzo motivacional de las resoluciones limitada por la rigidez procedimental y formalismo limitando el acceso a la justicia efectiva, por lo que se precisa de un modelo armonizador constitucional convencionalmente, esto requiere de integrar el enfoque de género al criterio de la convencionalidad para hacerlo más contextual, garantista y humano.

This thesis, entitled "Due Process in Crimes Against Women and Family Members: Doctrinal and Jurisprudential Interpretation," recognized that the concepts of ratio decidendi and obiter dicta are dogmatically essential and practical to guarantee the validity of due process in Peruvian jurisprudence. Their differentiation strengthens the quality of judicial decisions, jurisprudential consistency, and the effective protection of due process. It was acknowledged that the Constitutional Court of Peru has prioritized immediate and urgent protection over strict observance of procedural guarantees, requiring efficient judicial management to avoid imbalances between victims and defendants, achieving fair, transparent, and human rights-respecting processes. The case-by-case interpretation shows that tensions remain unresolved despite the broad discourse on gender protection. The motivational effort of the resolutions is limited by procedural rigidity and formalism, limiting access to effective justice. Therefore, a conventionally harmonizing constitutional model is required. This requires integrating the gender approach into the criterion of conventionality to make it more contextual, guarantee-based, and humane.