Responsabilidad del estado peruano en la proliferación del crimen organizado y la deficiente protección de derechos fundamentales

Abstract

La presente investigación tuvo por objetivo general determinar la responsabilidad del Estado peruano en la Proliferación del crimen organizado y la deficiente Protección de Derechos Fundamentales; se desarrolló bajo una metodología de enfoque cualitativo y del diseño considerado fue de la teoría fundamentada; los participantes fueron 6 especialistas en derecho penal y constitucional provenientes de la región Lambayeque; las técnicas empleadas fueron la entrevista, mientras que el cuestionario fue la guía de entrevista con el propósito de recoger datos importantes. El resultado dio a conocer que las modalidades de crimen organizado en el Perú demuestran que se trata de un fenómeno complejo y diverso, incluyendo narcotráfico, trata de personas, minería ilegal, extorsión, sicariato, etc.; las actividades no solo tienen un impacto económico y social, sino que también generan miedo e inseguridad en la población. Concluyendo que el estado peruano presenta una responsabilidad directa en la proliferación del crimen organizado y en la deficiente protección de los derechos fundamentales, pues sus políticas públicas y reformas normativas han demostrado ser insuficientes y contradictorias; a ello se suma la corrupción estructural, la falta de coordinación interinstitucional y la inacción de los poderes del Estado, que han permitido un escenario de impunidad.

The overall objective of this research was to determine the responsibility of the Peruvian State in the proliferation of organized crime and the inadequate protection of fundamental rights. It was developed using a qualitative approach and grounded theory design. The participants were six specialists in criminal and constitutional law from the Lambayeque region. The techniques used were interviews, while the questionnaire served as an interview guide for the purpose of collecting important data. The results revealed that the forms of organized crime in Peru demonstrate that it is a complex and diverse phenomenon, including drug trafficking, human trafficking, illegal mining, extortion, contract killings, etc. These activities not only have an economic and social impact, but also generate fear and insecurity among the population. It was concluded that the Peruvian state bears direct responsibility for the proliferation of organized crime and the inadequate protection of fundamental rights, as its public policies and regulatory reforms have proven to be insufficient and contradictory. Added to this are structural corruption, a lack of inter-institutional coordination, and the inaction of state powers, which have allowed a scenario of impunity to develop.