El control judicial de la acusación fiscal como límite procesal de la terminación anticipada

Abstract

La figura jurídico procesal de la terminación anticipada, incorporada como mecanismo de simplificación procesal, permite definir, rápidamente, un caso de relevancia penal sin tener que trasladarse por todas las etapas secuenciales del proceso penal común, lo que supone, la importancia de esta herramienta para el sistema de justicia penal, que destaca principalmente por la lentitud con que se resuelven los conflictos de relevancia penal, y por ello, exige el uso de salidas alternativas orientadas a reducir el tiempo y los costos que implican la investigación, el procesamiento y el juzgamiento de quien se encuentra vinculado directa o indirectamente con el cometimiento de un acto delictuoso. Por consiguiente, prohibir la procedencia de este proceso especial en una etapa no investigativa (intermedia), por haberse formulado acusación fiscal en contra de quien no solicitó su celebración durante la fase de investigación preparatoria formalizada constituye un criterio interpretativo que se sustenta en la simple lectura del texto legal, sin considerar los fundamentos por los que se decidió incorporar este proceso penal especial con ocasión de la reforma del proceso penal peruano, por consiguiente, al ser un mecanismo de solución consensuado que se somete, necesariamente, a un control o examen judicial de los elementos de convicción que acreditan los cargos imputados por el fiscal y que son objeto de aceptación por el imputado, sostenemos que, no existe impedimento para incoar este proceso especial en el control de acusación fiscal, pues la presentación escrita de dicho acto postulatorio no garantiza, automáticamente, el enjuiciamiento del acusado, pues la declaración de la responsabilidad del imputado por la realización de un hecho criminal es consecuencia de la plena convicción que tiene el órgano jurisdiccional luego de

realizar la valoración de los elementos de convicción, pudiendo esquematizarse escenarios en que su procedencia en la etapa intermedia no quebrante garantías procesales de los demás sujetos intervinientes, como el agraviado, quien busca una solución oportuna del daño ocasionado por el delito.

Early termination, incorporated as a mechanism for simplifying proceedings, allows for the rapid definition of a case of criminal relevance without having to go through all the sequential stages of the common criminal process, which implies the importance of this tool for the criminal justice administration system, characterized by the slowness with which conflicts of criminal relevance are resolved, and therefore, requires the use of alternative solutions aimed at reducing the time and costs involved in the investigation, prosecution and judgment of those who are directly or indirectly linked to the commission of a criminal act. Thus, prohibiting the proceeding of early termination at the intermediate stage, because a fiscal accusation was formulated against someone who did not request its celebration during the formalized preparatory investigation phase, constitutes an interpretative criterion that is based on the simple reading of the legal text, without considering the grounds on which it was decided to incorporate this special criminal process on the occasion of the reform of the Peruvian criminal process. Consequently, being a consensual solution mechanism that is necessarily subject to a judicial control or examination of the elements of conviction that prove the charges imputed by the prosecutor and that are accepted by the accused, we maintain that there is no impediment to initiate this special process in the fiscal accusation control, since the written presentation of said postulatory act does not automatically guarantee the prosecution of the accused, since the declaration of the criminal responsibility of the accused is a consequence of the full conviction that the jurisdictional body has after carrying out the assessment

of the elements of conviction, and scenarios can be outlined in which its proceeding at the intermediate stage does not violates the procedural guarantees of other intervening subjects, such as the aggrieved party, who seeks a timely solution to the damage caused by the crime.