El delito de enriquecimiento ilícito, un tipo extremadamente genérico hacia una propuesta de lege ferenda

Abstract

El objetivo de la investigación es determinar en qué medida el delito de enriquecimiento ilícito (Artículo 401 del Código Penal peruano) podría vulnerar los principios constitucionales de legalidad y presunción de inocencia en el Perú. Siendo los puntos clave: Vulneración al Principio de Legalidad (Lex Certa y Lex Stricta). El tipo penal es calificado como ambiguo, indeterminado y genérico. Elementos normativos como "abusando de su cargo" e "incrementa ilícitamente su patrimonio" no especifican formas ni conductas concretas, lo que abre la puerta a interpretaciones extensivas y arbitrarias por parte de los operadores de justicia; Vulneración a la Presunción de Inocencia e Inversión de la Carga de la Prueba, Constitucionalmente, el Ministerio Público tiene el deber exclusivo de probar la culpabilidad. Sin embargo, la jurisprudencia y la práctica del delito de enriquecimiento ilícito generan una inversión de la carga de la prueba, obligando al investigado a demostrar documentalmente el origen lícito de sus activos bajo una premisa implícita de presunción de culpabilidad; Desconocimiento de la Naturaleza Subsidiaria del Delito, El enriquecimiento ilícito es un delito subsidiario (creado originalmente para evitar vacíos de punibilidad cuando no se puede probar otro delito funcional). En la práctica peruana, la fiscalía suele imputarlo erróneamente de forma conjunta con otros delitos (como cohecho o colusión), utilizándolo como un "salvavidas" o "cajón de sastre" ante las dificultades para probar los delitos principales; Choque con la Realidad e Informalidad Peruana. La tesis destaca que el Perú posee altos índices de informalidad laboral, tributaria y mercantil (especialmente en zonas rurales y agrarias), donde los patrimonios y herencias se transmiten de facto y de forma oral, sin registros documentales. Exigir que un funcionario justifique formalmente bienes legítimos de origen informal

xi desnaturaliza el Derecho Penal, utilizándolo erróneamente como un mecanismo de formalización en lugar de control de conductas delictivas. Investigación básica, cualitativa y propositiva, la técnica utilizada fue el análisis documental y el instrumento fueron fichas bibliográfica, de resumen, mixtas y formatos. En conclusión, el ordenamiento jurídico peruano ya cuenta con suficientes tipos penales específicos para sancionar la corrupción pública (colusión, cohecho, peculado, etc.). Mantener este artículo vigente legitima la inactividad fiscal y legaliza la vulneración de derechos fundamentales. Por lo que se propone la derogación del artículo 401 del Código Penal.

The objective of this research is to determine the extent to which the crime of illicit enrichment (Article 401 of the Peruvian Penal Code) could violate the constitutional principles of legality and presumption of innocence in Peru. The key points are: Violation of the Principle of Legality (Lex Certa and Lex Stricta). The criminal offense is described as ambiguous, indeterminate and generic. Normative elements such as “abusing their position” do not specify concrete forms or conduct, which opens the door to broad and arbitrary interpretations by Presumption of innocence and Reversal of the Burden of proof. Constitutionally, the Public Prosecutor’s Office has the exclusive duty to prove guilt. However, the jurisprudence and practice surrounding the crime of illicit enrichment create a reversal of the burden of proof, obligating the accused to provide documentary evidence of the lawful origin of their assets under an implicit presumption of guilt. Ignorance of the Subsidiary nature of the Crime: Illicit enrichment is a subsidiary crime (originally created to avoid gaps in punish ability when another functional crime cannot be proven). In Peruvian practice, the prosecution often erroneously charge it jointly with other crimes (such as bribery or collusion), using is as”lifeline” or “catch-all” when faced with difficulties in proving the primary crimes. Clash with Peruvian Reality and Informality: The thesis highlights that Peru has high rates of informality in labor, taxation and commerce (especially in rural and agricultural areas), where assets and inheritances are transferred de facto and orally, whithout documentary records. Requiring public officials to formally justify legitimates assets of informal origin distors the nature of criminal law, misusing it is a mechanism for formalization rather than for controlling criminal conduct. The basic, qualitative and documentary analysis as its technique, using bibliographic, summary and mixed-method index cards and forms. In conclusion, the Peruvian Legal system already contains sufficient specific criminal offenses to punish public corruption

xiii (collusion, bribery, embezzlement, etc). Maintaining this articles in force legitimizes fiscal inaction and legalizes the violation of fundamental rights, resulting in a situation where “the cure is worse than the disease”. Therefore, the repeal of Article 401 the Penal Code is proposed.