El principio de celeridad procesal ante la prohibición de terminación o conclusión anticipada en el delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento

Abstract

La presente investigación analiza la incidencia de la prohibición de los mecanismos de simplificación procesal, la cuales son terminación anticipada y conclusión anticipada en los delitos de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento, teniendo en cuenta como se vulnera el principio de celeridad procesal en el ordenamiento jurídico peruano. El estudio se enmarca en una investigación de tipo básica, con enfoque cualitativo con nivel descriptivo - explicativo y metodologías exegética, sistemática, inductiva y deductiva, orientadas al análisis normativo y doctrinario. Analiza una problemática a partir de la promulgación de la Ley N.o 30838, que prohíbe la aplicación de dichos mecanismos en delitos contra la libertad sexual, lo cual genera tensiones entre la política criminal del Estado y los principios procesales, particularmente la celeridad, economía procesal y el derecho al plazo razonable. Desde el plano teórico, se desarrolla la configuración del delito de tocamientos indebidos, identificando como bien jurídico protegido la libertad sexual, entendida como la autodeterminación del individuo frente a injerencias externas. Asimismo, se examinan los elementos típicos del delito, incluyendo sujetos, modalidades comisivas y medios como la violencia, amenaza o ausencia de consentimiento. En cuanto al principio de celeridad procesal, se establece su carácter de garantía constitucional vinculada al debido proceso, orientada a evitar dilaciones indebidas y promover una justicia pronta y eficaz. Este principio se encuentra estrechamente relacionado con la economía procesal y el derecho al plazo razonable, constituyendo un eje fundamental en la eficiencia del sistema de justicia penal.

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Por otro lado, los mecanismos de terminación anticipada y conclusión anticipada son analizados como instrumentos de simplificación procesal que permiten la resolución temprana del conflicto penal mediante el consenso entre las partes, generando beneficios tanto para el imputado que es la reducción de la pena, como para el sistema judicial siendo la descongestión de la carga procesal. En la presente investigación, a partir de entrevistas a especialistas, se coincide en la advertencia que la prohibición establecida por la Ley N.o 30838 responde a una política criminal orientada a la severidad punitiva; sin embargo, se identifica que dicha medida resulta ineficaz para la prevención del delito y genera efectos adversos en el sistema judicial. Entre estos efectos destacan el incremento de la carga procesal, la dilación de los procesos penales y la afectación a la eficiencia del sistema. Asimismo, los resultados evidencian que la prohibición limita derechos procesales del imputado, pudiendo vulnerar el principio de igualdad ante la ley, no obstante, respecto al principio de celeridad, se concluye que su afectación es absoluta, en tanto este no solo se reduce a la conclusión anticipada del proceso, sino también al respeto de los plazos razonables sin dilaciones indebidas, debiendo aplicar también a la terminación anticipada en el proceso de tocamientos. En síntesis, la investigación concluye que la prohibición de los mecanismos de simplificación procesal en delitos de índole sexual genera una tensión entre la política criminal y los principios procesales, evidenciando una afectación indirecta a la celeridad procesal y una repercusión negativa en la eficiencia del sistema judicial, lo que plantea la necesidad de una revisión legislativa orientada a armonizar la protección de la víctima con las garantías del debido proceso.

This research analyzes the impact of the prohibition of procedural simplification mechanisms—early termination and early conclusion, on the crime of non-consensual sexual touching, within the framework of the principle of procedural celerity in the Peruvian legal system. The study adopts a basic, descriptive approach, employing exegetical, systematic, inductive, and deductive methods, as well as documentary analysis and expert interviews. The problem arises from the enactment of Law No. 30838, which restricts the application of such mechanisms in crimes against sexual freedom, generating tension between criminal policy and procedural principles. The findings reveal that, although the prohibition aligns with a punitive criminal policy aimed at deterrence, it produces adverse effects, including increased judicial workload, procedural delays, and reduced system efficiency. Furthermore, it limits the defendant’s procedural rights and may affect the principle of equality before the law. Regarding procedural celerity, the study concludes that its impact is indirect, as this principle is not limited to early case resolution but also involves compliance with reasonable timeframes without undue delay. In conclusion, the prohibition creates a conflict between the protection of victims and due process guarantees, highlighting the need for legislative reform to ensure a more balanced and efficient criminal justice system.