El fundamento del derecho a la defensa como garantía del debido proceso y el ejercicio eficaz de la defensa pública penal.

Abstract

Cuando a una persona se le acusa de un delito muy grave, sin duda que uno de los mecanismos para garantizar la presunción de inocencia, es el ejercicio del derecho de defensa ejercicio que abarca precisamente el acceso a la justicia de parte de todos los procesados. Sin embargo, para garantizar el derecho a la defensa de parte de los procesados, se debe contar con un abogado defensor, que en el caso de materia penal, siempre termina siendo un servicio económicamente costoso si es que recurrimos a un letrado particular. Frente a esto, el Estado ha previsto el servicio gratuito de la Defensa Pública para las personas que tienen menos recursos económicos, que para el caso de la justicia penal son siempre la mayoría. Pero, debemos entonces preguntarnos si es que es suficiente la asignación de un abogado defensor, o es que se requiere que la defensa pública sea eficaz?. Sobre estos aspectos versa el presente trabajo, el mismo que lleva por título El fundamento del derecho a la defensa como garantía del debido proceso y el ejercicio eficaz de la defensa pública penal. Luego de acopiado el material teórico, se pudo establecer la naturaleza constitucional del servicio de la defensa pública, para luego describir propiamente su naturaleza como servicio prestado por el Estado. Diseñada la estrategia de investigación, sobre el trabajo realizado con sentencias en las que participaron los defensores públicos se procedió a verificar la actuación de los mismos dentro de un proceso penal. Sobre dicho análisis teórico, práctico y de propuesta, versa el presente trabajo.