El efecto del proceso inmediato sobre la carga procesal y el derecho de defensa

Abstract

Actualmente en el Perú, una de las preocupaciones del legislador, es la de dotar de una mayor celeridad al proceso penal. En ese afán de agilización del proceso se han ido adoptando diversos mecanismos tendentes a simplificarlo, implementando el proceso especial inmediato, en donde se busca acercar el momento de la comisión del hecho delictivo a la finalización del proceso con la correspondiente sentencia definitiva y ello en aras no sólo del derecho de las partes a un proceso sin dilaciones indebidas, sino también para dar satisfacción a las legítimas demandas ciudadanas de seguridad.

Se consideró que, mediante los juzgamientos a toda velocidad, se ofrecía una mejor respuesta al aumento de la criminalidad, se creyó frenar la impunidad, se proyectó a la sociedad en general una imagen de mano dura gubernamental y aparentaron estar mejor protegidos los derechos de las víctimas, testigos y otros sujetos intervinientes en el proceso penal.

Sin embargo, la celeridad con que se tramita este proceso, ha llegado a considerarse que un periodo tan corto no ofrece a las personas involucradas la debida oportunidad para ejercer su defensa en los términos en que se encuentra garantizada en nuestro ordenamiento, afectando así sus derechos fundamentales