Límites a las competencias del Tribunal Constitucional como organismo controlador del orden constitucional

Abstract

La investigación que presentamos parte de la discusión generada con algunos fallos representativos que - en su oportunidad - fueron objeto de crítica por diversos sectores de la sociedad, los cuales motivaron nuestro interés en analizar lo que inicialmente propusimos como problemática de fondo, partiendo de la premisa que en ocasiones el Tribunal Constitucional peruano desnaturaliza sus atribuciones como contralor del orden constitucional y protector de los derechos de los ciudadanos, al desempeñar sus competencias de control sobre la constitucionalidad de las normas y los actos violatorios de la misma, conclusión a la que primigeniamente llegamos como consecuencia del análisis de los que consideramos como casos infelizmente emblemáticos. En ese sentido, partimos del problema enunciado de la siguiente manera: ¿El Tribunal Constitucional en la emisión de algunos de sus fallos ha excedido los límites a sus competencias como contralor del orden constitucional, interfiriendo en las de otros órganos constitucionales, trastocando sus objetivos como intérprete y protector de los derechos ciudadanos, hecho que dista del cumplimiento de su atribución como defensor de la constitución?, pregunta que se justifica a partir del análisis de ciertos fallos a través de los cuales se han generado fricciones con otros órganos constitucionales, aduciendo invasión de sus competencias; siendo así, uno de los objetivos de esta investigación estriba en la necesidad de precisar el ámbito de las competencias que mantiene el Tribunal Constitucional, conforme al mandato que la propia Constitución Política del Perú le confiere; pues el no respetar éstos límites, han generado no sólo problemas de índole jurídico, sino también de índole político que han alterado el equilibrio y la armonía institucionales que debe imperar en todo Estado de Derecho; consecuentemente, se hace necesario determinar también los mecanismos de control o autocontrol idóneos para la delimitación adecuada de sus competencias, y así finalmente proponer posturas interpretativas a ser utilizadas con el fin de garantizar la legitimación de este órgano constitucional en ejercicio de sus atribuciones de control.