Límites constitucionales a la prisión preventiva, frente a la privación arbitraria de la libertad personal, a partir de los casos presentados en los juzgados penales 2015 – 2016.

Abstract

La Prisión Preventiva no es una pena, una sanción, menos un fin en sí mismo, La Prisión preventiva es una medida, un mecanismo, un instrumento de coerción procesal, constituye una medida cautelar de carácter personal que forma parte del ius imperium del Estado, cuya finalidad es el aseguramiento del logro de los fines del proceso, en donde es necesaria la presencia del imputado, aún a expensas de afectar la libertad individual y por ende la presunción de inocencia, bajo el riesgo -probable- que luego de haberse aplicado, y luego de un proceso se emita una sentencia absolutoria.

Es por ello, que al afectar esta medida uno de los valores intrínsecos del ser humano por su condición de tal, esto es la libertad, es que se le ha reconocido un carácter excepcional, el cual implica que solo debe ser aplicado cuando sea razonable y no existan otros mecanismos idóneos y menos gravosos para salvaguardar los fines del proceso penal, debiendo concurrir conjuntamente los tres presupuestos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal: Fumu boni iuris, prognosis de pena – superior a 4 años y periculum in mora (peligro procesal).

Además de ello, la imposición de un medida de prisión preventiva, significa para el juzgador una tarea ardua, pues debe evaluar que la privación de la libertad no afecte al Principio de Presunción de inocencia y por ello no devengue en una privación arbitraria de la libertad, por tanto para el logro de dicho propósito, conforme a un Estado constitucional de derecho, se le exige la aplicación del Principio de Proporcionalidad, mediante el análisis del test de ponderación y la motivación cualificada de su resolución o auto.

Son esas tres exigencias indispensables para no tornar inoperativa la naturaleza excepcional de la prisión preventiva y evitar su generalización, las