Ineficacia de la Criminalización de la Violencia Familiar – Ley N° 30364

Abstract

La violencia familiar es un problema que preocupa tanto a los legisladores como a los operadores de justicia que buscan permanentemente nuevas formas de solucionarlo. Las estadísticas no favorecen: en el año 2015, el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) registró 58,429 casos de mujeres que fueron víctimas de este tipo de abuso, y se espera una suma similar o mayor a finales del 2017. Ante esta realidad, en noviembre del 2015 el Gobierno promulgó la Ley N° 30364 (Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar), cuyo contenido sustantivo ha recibido buenas críticas debido a sus importantes avances en relación con el ámbito de protección que proporciona el Estado frente a todo tipo de violencia ejercida contra la mujer (física, psicológica, sexual y hasta económica), así como a otros grupos vulnerables de la familia. Sin embargo, también contiene serias inconsistencias procesales que de ser aplicadas por los órganos estatales podrían conllevar a la violación de garantías constitucionales que rigen el debido proceso y a la falta de sanción de un agresor y por ende, desprotección de la víctima. Para ello, se propone que la Ley N° 30364 (ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar), modifique las facultades conferidas a la Policía Nacional, a los juzgados y Fiscalía, con el debido control de plazos y control en ejecución de sentencia; más aún con la propuesta de un nuevo modelo procesal exclusivo para violencia familiar; asimismo, proponemos un conjunto de acciones en diferentes esquemas sociales para prevenir futuros actos de violencia, que puedan contribuir a erradicar Progresivamente incidencias de maltrato intrafamiliar.