La aplicación de la tutela de derechos, destinado a cautelar los derechos constitucionales y las garantías otorgados por ley al investigado, frente a vulneraciones de éstas por parte del Ministerio Público durante el Proceso Penal

Abstract

Puede parecer llamativo hoy, en el presente siglo XXI, y cuando nuestro país ha avanzado de forma evidente por la senda de los principios democráticos, dedicar una investigación al inculpado o imputado y sus derechos, habida cuenta de que nuestro texto constitucional está plagado de preceptos que elevan esta figura al rango de las más significativas del proceso penal, rodeándola de un conjunto de derechos lo suficientemente amplios como para estimar que su protección está desde todo punto garantizada. Sin embargo, estas afirmaciones, a poco que se quiera profundizar, o mejor dicho, que se observe la realidad del proceso penal vivo, se podrá observar que no son totalmente ciertas. En efecto, cada vez resulta más evidente que no es suficiente con la plasmación legal de derechos de los ciudadanos sin una regulación correlativa y, necesariamente, casuística, de las consecuencias de todo orden que ha de provocar su infracción. Esta conclusión no es una afirmación sin base empírica o fruto de una impresión particular. Antes al contrario, es manifestación de una realidad que día a día se opera en los tribunales peruanos y que tiene su base en dos razones muy concretas: la primera, el carácter de una cultura procesal que aún se aferra a un enfoque inquisitivo, pese a tener un Código Procesal Penal de naturaleza acusatoria adversarial; la segunda, el surgimiento de formas refinadas de vulneración de los derechos fundamentales no tan llamativas como las ya erradicadas propias de regímenes procesales inquisitivos y caducos, pero peligrosas porque producen los mismos efectos, esto es, y en lo referido al tema que nos ocupa, limitar los derechos y garantías del imputado y no circunscribir la investigación desde el principio a un concreto acontecimiento de la vida. Por ello, en la presente investigación, se profundiza en la situación del inculpado dentro del contexto de la Tutela de Derechos, mecanismo jurídico previsto para proteger los derechos y garantías que le son propios por mandato de la Constitución y los Acuerdos y Tratados Internacionales de Derechos Humanos, cuando son afectados por los entes encargados de la Investigación como el Ministerio Público o por quienes deben velar por la integridad del proceso penal, llámese Juez de Garantías, hallándose al final de la misma, notorias evidencias que demuestran irrefutablemente que aún hay mucho camino por recorrer en aras de un proceso penal realmente acorde con los fundamentos y principios sobre los que se ha construido.