El debido proceso en el juicio político
Fecha
2020-03-11Autor
Correa Flores, Carolina Raquel
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La presente investigación realiza un análisis de la regulación y estructura de la institución jurídica
llamada - Juicio Político por Infracción Constitucional-, las cuales constituye un procedimiento para
sancionar la responsabilidad de los altos funcionarios de Estado, en ese sentido, este tema tiene
implicancias políticas y sociales que rebasan el ámbito jurídico, por tratarse de una institución que
afecta los principios y garantías del debido proceso, siendo importante analizar la estructura y
regulación actual de esta figuras constitucional, para poder contribuir a la mejora y evolución de dicha
institución.
Es una investigación jurídica – descriptiva, teniendo como objeto de estudio las normas
constitucionales que regulan el procedimiento de juicio político en el Perú; así como de procesos
políticos entablados contra altos funcionarios del Estado; por ello la población o muestra de la
presente investigación lo conforman los hechos jurídicos que se han dado a lo largo de la existencia
del proceso de juicio político, teniendo como ejemplo más importante el caso de la destitución de Tres
Magistrados del Tribunal Constitucional en el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori entre otros.
El problema que se plantea en la investigación es ¿se exige la observancia de las garantías del debido
proceso en sede de procedimiento parlamentario?.Y como hipótesis señalamos que si se tipifica con
precisión y claridad las infracciones y sanciones políticas a la Constitución, se le podrá garantizar al
alto funcionario del Estado, un proceso -juicio político- que respete los principios y garantías del
debido proceso, entre ellos el principio de legalidad.
Como resultados de la investigación: La falta de especificidad de las infracciones por los cuales
procede el juicio político, puede generar confusión y ser utilizado en favor de los criterios subjetivos
del Congreso, por consiguiente debió ser más clara la norma constitucional y establecer las
infracciones específicos por los cuales procede el juicio político, ya que el no haberlo hecho es una
violación o atentado contra el principio de legalidad.