Resumen
Se proyecta esta investigación en razón de la advertencia de un problema en la realidad jurídica, el mismo que amerita el análisis respecto a la capacidad que incorpora la regla para que el criterio de los juzgadores al momento de fundamentar la imputación tenga un asidero en las definiciones que otorga la doctrina y los principios generales del derecho penal garantista, dotando al proceso penal de seguridad jurídica. Este esquema garantista se entiende ha de involucrarse con las finalidades de la pena, prevenir más que sancionar, puesto que el establecimiento de la correcta imputación del extraneus permitirá cerrar la puerta a los delitos contra la administración pública que se realizan bajo esta modalidad buscando una sanción mínima y hasta la impunidad por lo que realmente constituye un delito que amerite reproche penal a través de la imposición de una pena efectiva.