El allanamiento de las entidades públicas en procesos contenciosos administrativos de los docentes de Educación Básica Regular en Chota y la garantía de los derechos a la tutela judicial efectiva y celeridad procesal

Abstract

Uno de los procesos que más demora el trámite en la justicia real peruana es los Contenciosos Administrativos, su duración aproximada es de 3 a 4 años; luego de concluido, su trámite, nuevamente en la ejecución hay otro percance, pues, para cumplirlos demoran más de 4 años; como se nota postergando de manera dolosa el derecho de los administrados. Una de las principales causas de la demora en los procesos contenciosos administrativos, es los escritos y recursos engorrosos que realizan los procuradores y asesores jurídicos de la Entidades Públicas, sin argumento ni fundamento alguno, al parecer sólo por justificar su labor; se hace más engorroso y hasta se puede decir negligente, cuando a pesar de haber precedentes, jurisprudencia y doctrina muy clara y evidente, que no existe dudas en el derecho reclamado de los administrados, sin embargo, se sigue con prácticas burocráticas de las entidades públicas, negando y postergando de manera dolosa el derecho del trabajador y extrabajador. Lo que se pretende con esta investigación es, sacar a la luz estas mal maniobras jurídicas que practica la administración pública, para que los administrados conozcan esta realidad, cuando emprenden un juicio contra la administración, de tal manera que, entiendan la realidad, del por qué de la demora de los procesos contencioso administrativos. Con esta investigación, demostramos el tiempo prolongado que demora los juicios contenciosos administrativos, esto es, en el mismo Juzgado Civil Chotano, se visita y en determinado número de expedientes, se verifica el tiempo de duración de las diferentes etapas procesales, hasta la ejecución. Por otro lado, se hace encuestas a los profesores de educación básica regular, jueces civiles y abogados litigantes, para ver su opinión, demostrar y contrastar la hipótesis de estudio. Se hace una propuesta de un Proyecto de Ley, donde se sugiere que las Entidades Públicas se deben allanar a los procesos contenciosos laborales, cuando no existe duda en el derecho que se está solicitando, para recobrar celeridad y economía procesal.