Regulación constitucional del arresto ciudadano en el contexto de la seguridad ciudadana y el respeto a las libertades personales (Análisis de casos en Chiclayo, 2015-2016)”,

Abstract

El arresto ciudadano es la potestad de privar del derecho a la libertad de tránsito o libertad ambulatoria, contenida en la libertad personal, que tiene toda persona, por motivo de la comisión de un hecho delictivo en estado de flagrancia. Ello significa que un ciudadano puede detener a otro cuando este ha cometido un hecho delictivo, situación jurídica que no encuentra amparo constitucional, sino que dicho actuar está regulado por una norma de menor jerarquía que la Carta política nacional, vale decir por el Código Procesal Penal. En consecuencia, el arresto ciudadano al conceder facultades restrictivas contra un derecho constitucional, como es la libertad de libre tránsito para garantizar la seguridad ciudadana, equipara un derecho constitucional con esta seguridad ciudadana a través de una norma procesal penal, lo cual notoriamente nos da a conocer sobre la existencia de la contraposición de que una norma de menor jerarquía no puede contravenir a una de rango más elevado jerárquicamente hablando, como es precisamente la Constitución Política del Estado. Por lo tanto, la propuesta de la investigación es que las facultades concedidas a los ciudadanos de privar la libertad ambulatoria o de libre tránsito sean amparadas en el ámbito constitucional, lo cual ha de requerir de una adecuada capacitación a todos los ciudadanos, llámese serenazgo, rondas ciudadanas o público en general, por tratarse de un derecho fundamental; resultando procedente, con el carácter de muy urgente, para continuar evitando la vulneración de tal mencionado derecho fundamental.