La Participación del Extraneus en los delitos de Corrupción de Funcionarios y los Supuestos para su Calificación Jurídica como parte esencial en la Comisión de dichos ilicitos, a partir de los Casos presentados en los Juzgados Penales de Chiclayo, Años 2014 – 2015
Fecha
2018-02-15Autor
Colmenares Urupeque, Noemi Teresa
Fernández Montenegro, Karla Carolina
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
El estudio de los delitos contra la administración pública siempre
representa un reto para quienes dedican tiempo en abordar estos temas. La
complejidad que representa en sí estructurar un estudio sobre estos ilícitos se
enfrenta siempre al reto de elaborar una doctrina especial que sin alejarse de
la Teoría General del Delito, nos ayude a comprender y a hacer cada vez
menos las diferencias para analizar estos injustos penales.
Bajo esta perspectiva, en el presente trabajo se aborda un tema
también importante dentro del estudio que se realiza: el problema de la
autoría y la participación en los delitos contra la administración pública.
Las diferencias conceptuales se aumentan, cuando hacemos frente a diversos
enfoques que son asumidos en las resoluciones que dictan nuestros jueces y
que en lugar de unificar criterios, tienden más bien a agudizar el problema de
interpretación, y a complicar una salida directa como parte de la previsibilidad
de la resolución de casos.
Y así, la primera barrera en este aspecto la hallamos en la definición del
concepto sujeto cualificado para atribuirle la comisión de un delito contra la
administración pública. Lamentablemente en nuestra legislación no hay
definición de lo que debemos entender por funcionario público cuya actuación
califique como sujeto activo de los ilícitos mencionados. La definición en
referencia en el campo penal se toma de otras disciplinas jurídicas, pero
tampoco dan información que satisfaga todos los casos. Así, aparece, por
ejemplo, que los notarios no son funcionarios públicos, pero los documentos
que elaboran sí lo son, lo que de por sí representa ya un problema.
Pero si en la autoría hay dificultades para la valoración y análisis del
autor, en lo referido a la participación, también se presentan problemas serios
de definición para determinar si es que el tercero que participa en el hecho
delictivo debe responder por el mismo delito que se le atribuye al funcionario
público. En este aspecto, hacemos una propuesta teórica que esperamos que
abone a la generalidad del estudio de los delitos contra la administración
pública, y contribuya en algo a definir la calificación jurídica que se debe
otorgar al cómplice.