La Participación del Extraneus en los delitos de Corrupción de Funcionarios y los Supuestos para su Calificación Jurídica como parte esencial en la Comisión de dichos ilicitos, a partir de los Casos presentados en los Juzgados Penales de Chiclayo, Años 2014 – 2015

Abstract

El estudio de los delitos contra la administración pública siempre representa un reto para quienes dedican tiempo en abordar estos temas. La complejidad que representa en sí estructurar un estudio sobre estos ilícitos se enfrenta siempre al reto de elaborar una doctrina especial que sin alejarse de la Teoría General del Delito, nos ayude a comprender y a hacer cada vez menos las diferencias para analizar estos injustos penales. Bajo esta perspectiva, en el presente trabajo se aborda un tema también importante dentro del estudio que se realiza: el problema de la autoría y la participación en los delitos contra la administración pública. Las diferencias conceptuales se aumentan, cuando hacemos frente a diversos enfoques que son asumidos en las resoluciones que dictan nuestros jueces y que en lugar de unificar criterios, tienden más bien a agudizar el problema de interpretación, y a complicar una salida directa como parte de la previsibilidad de la resolución de casos. Y así, la primera barrera en este aspecto la hallamos en la definición del concepto sujeto cualificado para atribuirle la comisión de un delito contra la administración pública. Lamentablemente en nuestra legislación no hay definición de lo que debemos entender por funcionario público cuya actuación califique como sujeto activo de los ilícitos mencionados. La definición en referencia en el campo penal se toma de otras disciplinas jurídicas, pero tampoco dan información que satisfaga todos los casos. Así, aparece, por ejemplo, que los notarios no son funcionarios públicos, pero los documentos que elaboran sí lo son, lo que de por sí representa ya un problema. Pero si en la autoría hay dificultades para la valoración y análisis del autor, en lo referido a la participación, también se presentan problemas serios de definición para determinar si es que el tercero que participa en el hecho delictivo debe responder por el mismo delito que se le atribuye al funcionario público. En este aspecto, hacemos una propuesta teórica que esperamos que abone a la generalidad del estudio de los delitos contra la administración pública, y contribuya en algo a definir la calificación jurídica que se debe otorgar al cómplice.